Aumentan la recompensa por crimen de periodista en Valledupar

Autoridades ofrecen 50 millones de pesos para quien ayude a esclarecer el crimen.

 

La comunicadora será sepultada este martes en El Banco Magdalena.

Con un plantón y flores blancas en el sitio donde fue asesinada, presuntamente por atracarla, los periodistas de Valledupar se unieron este lunes para pedir justicia en el crimen de la comunicadora Nimia Ester Peña Pedrozo.

Según el comandante de Policía Cesar, Fáiber Martínez, las investigaciones preliminares señalan que la periodista, de 28 años, llegó hasta el establecimiento público La Esquina de Kike, en Valledupar, donde departía con unos amigos la madrugada del domingo, cuando un sujeto que se movilizaba en una motocicleta intentó hurtarle el bolso y, ante la resistencia de ella, le disparó.

Este es el segundo asesinato de una periodista en el país en dos semanas. El primero fue el de Flor Alba Núñez Vargas, de Pitalito (Huila). Árix Hernández, esposo de la periodista, pidió justicia contra los autores del crimen. “Le ruego al capturado (Juan Camilo Ortiz, alias Camilo) que diga por qué mató a mi Flor Alba”, dijo el docente, para quien la verdad de los hechos acabará la incertidumbre que ronda en la familia.

En el caso de la comunicadora de Valledupar, el director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, dijo que se aumentó la recompensa de 20 a 50 millones de pesos para quien ayude a esclarecer el crimen.

“Necesitamos conocer quién fue el asesino y si la muerte se dio para robarla o si hubo otra razón, o por su ejercicio como periodista”, dijo Mildred Zapata, presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar.

Entrega de ayudas humanitarias a afectados por vendaval en zona rural de Riohahcha

La Dirección de Gestión del Riego Distrital, orientada por Belkis Deluque  Díaz, hizo entrega de ayudas humanitarias a habitantes de las poblaciones de El Abra, Arrollo Arena, Barbacoas, Pelechúa y Puente Bomba, quienes resultaron afectadas por los vendavales en días pasados.

El proceso de entrega estuvo a cargo de la Directora de Gestión del Riesgo, acompañada por los organismos de socorro  y el secretario de gobierno, Odacir Ospino Bermúdez.

Durante la jornada, el resultado fue 78 familias atendidas, 2 salones comunales y 1 hogar infantil.

60 familias en Barbacoa y 1 Hogar infantil

23 familias en El Abra y 1 colegio.

28 familias en Arrollo Arena 

29 familias en Puente Bomba, y 1 colegio

13 familias en Pelechúa

RIOHACHA, PAMPLONA Y OCAÑA PIDEN BENEFICIOS POR CRISIS FRONTERIZA

Durante el encuentro de alcaldes fronterizos desarrollado en la ciudad de Cúcuta, los alcaldes de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra, Pamplona, Carlos Arturo Bustos; y Ocaña, Jesús Antonio Sánchez Clavijo; pidieron al Gobierno Nacional que los beneficios derivados de los decretos expedidos para disminuir los impactos negativos por la crisis con Venezuela, le sean aplicados también a estas tres ciudades. Para ello, los alcaldes alegaron que los comerciantes de sus territorios, están resultando seriamente afectados, ya que sus clientes se están trasladando a las fronteras para aprovechar mejores precios en los productos, gracias a los decretos que les exoneran de ciertas cargas tributarias.

Dijeron así mismo los alcaldes que estos beneficios deberían ser aplicados con criterio de región. Los mandatarios dijeron también que se busca con su solicitud, evitar una competencia desleal que cause perjuicio económico y además genere malestar en los comerciantes de sus poblaciones.

El Gobierno Nacional, representado en este encuentro por la Consejería Presidencial para las regiones, se comprometió a estudiar la solicitud hecha por los citados alcaldes, mientras que la Federación de Municipios, les ofreció su respaldo y acompañamiento.

La instalación de este importante evento estuvo a cargo del alcalde de Riohacha, en su calidad de Vicepresidente de la Federación Colombiana de Municipios; el Consejero Presidencial para las Regiones, Iván Mustafá; el Director Ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro; y el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramíerez-Paris Lobo. Al final del evento se decidió que el próximo encuentro de alcaldes fronterizos y consejo ejecutivo de la Federación de Municipios, se realizará en Riohacha.

Los alcaldes rechazaron las distintas medidas que desde el gobierno venezolano se han tomado en esta crisis fronteriza, especialmente lo que tiene que ver con los derechos humanos de los colombianos que han sido objeto de deportaciones, expulsiones y demás.

Estudiantes de Tekia y el Colegio Albania unidos por el acceso al agua ·         Los niños del Centro Educativo Indígena de Tekia recibieron a 24 alumnos de cuarto grado del Colegio Albania, quienes visitaron a la comunidad con el fin de conocer el Sistema de Bombeo Solar instalado en esta población. ·         Gracias a este sistema, en el que se invirtieron $170 millones de pesos obtenidos en el Aquaton de 2014, se benefician 210 miembros de la comunidad de Tekia y 300 familias de seis comunidades vecinas. Con una grata bienvenida acompañada de un baile típico wayuu, los niños del Centro Educativo Indígena de Tekia recibieron a 24 alumnos de cuarto grado del Colegio Albania, quienes visitaron a la comunidad con el fin de conocer el sistema de bombeo solar instalado en esta población, gracias a los recursos donados por empleados, familiares y contratistas de Cerrejón en alianza con la Empresa y la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira. “Este proyecto significa mucho para mí porque me gusta ayudar a la gente, me gusta que tengan agua para que puedan vivir tranquilos y en paz. Agradezco estar aquí porque me gusta que vivan felices y contentos con lo que les hemos brindado”, afirmó Carolina Beltrán, estudiante de cuarto grado del Colegio Albania. “Me siento muy agradecido porque ahora puedo venir más tranquilo al colegio por el agua que tenemos gracias a Cerrejón y los niños del Colegio Albania”, comentó Héctor Fernández Bonivento, estudiante del Centro Educativo Indígena de Tekia. Gracias a este sistema, en el que se invirtieron $170 millones de pesos obtenidos en el Aquaton de 2014, se benefician 210 miembros de la comunidad de Tekia y 300 familias de seis comunidades vecinas, quienes actualmente cuentan con un sistema de abastecimiento de agua propio. Los alumnos y la comunidad educativa del Colegio Albania, realizaron diversas actividades con el objeto de ser partícipes de la meta alcanzada en la  Aquaton, gracias a la cual, Tekia hoy posee un sistema por medio del cual se extrae el agua de un pozo de 120 metros de profundidad y dos tanques de almacenamiento con capacidad de 6.000 litros cada uno, además de un sistema que conduce el agua hacia la escuela. “Para ellos esta es una experiencia muy importante porque les permite interactuar con niños de otra cultura y aprender a desenvolverse. Nos sentimos muy agradecidos con el proyecto que tenemos en nuestra comunidad porque gracias a él, tenemos agua y no nos toca caminar kilómetros para buscarla, sobre todo a los estudiantes que tienen mejoren condiciones para estudiar”,afirmó Elizabeth Bonivento, docente del Centro Educativo de Tekia. Adicionalmente, profesores del Colegio Columbus de Medellín, acompañaron la visita, con el objetivo de conocer el proyecto y trabajar por gestionar recursos que permitan implementar este mismo sistema en otras comunidades de la región. En Cerrejón seguimos tejiendo alianzas por contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, trabajando por desarrollar de la mano de diferentes aliados, soluciones de mediano y largo plazo encaminadas al acceso al agua en La Guajira.

La mala semana de Uribe

 La mala semana de Uribe

Todo salió al revés para el expresidente Álvaro Uribe esta semana. El lunes, el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en Quito, le bajó el volumen a las críticas frente a la crisis fronteriza y se quedó sin ese discurso. El martes, le cayó la noticia de las medidas de aseguramiento contra el exasesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos. El miércoles, el anuncio del gobierno y de la guerrilla de Las FARC de alcanzar un acuerdo en el punto más espinoso de todos, la justicia, le devolvió la esperanza a los colombianos, quitándole protagonismo a su discurso de ‘paz con impunidad’.

El jueves, sus trinos sobre titulares falsos y alusiones al grupo terrorista AlQaeda le valieron más de una crítica. Y para rematar, el viernes se enteró que una de las representantes de Centro Democrático, Johana Chaves, perdió su curul por doble militancia y su gran carta para la gobernación de Santander, Hugo Aguilar, también salía del ruedo por decisión del Consejo Nacional Electoral. Mientras recibía la noticia, se instalaba en Cali una valla de Centro Democrático que invitaba a votar por sus candidatos para no tener que hacerlo a futuro por los Alapes, Santrichs o Grandas que supuestamente llegarán directo al Capitolio el año entrante. En medio de un clima de reconciliación, donde además ya está claro que no habrá curules a dedo para los guerrilleros, el mensaje no solo es agresivo, sino que proyecta una imagen de desinformación.

El mal momento del expresidente se notó. Trinó sin descanso desde el anuncio de Santos y Timochenko en La Habana y llegó incluso a atacar al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, por apoyar los acuerdos. Dijo que el aplauso de Kerry al: “acuerdo de impunidad con Las FARC nunca lo aceptaría con Al Qaeda.” Nunca antes el expresidente se había metido con el gobierno de Estados Unidos de esa forma y ante los ojos del mundo quedó el aguafiestas que lejos de construir con sus críticas, parece disco rayado.

La verdad es que el apretón de manos entre Raúl Castro, el presidente Santos y Timoleón Jiménez fue una cachetada para el expresidente. Y lo fue, entre otras cosas, porque debilitó de un momento a otro su discurso, tan bien recibido por algunos sectores, de la paz embolatada. El miércoles el gobierno le puso fecha final a las conversaciones y de repente Uribe quedó solo, sin más eco que el de sus senadores y representantes.

En cambio, el que sí sonó con fuerza fue el de los medios internacionales. No hubo redacción que no aplaudiera el paso que dio el país el miércoles. Claro, hubo críticas y preguntas por los alcances de lo logrado. Pero para nadie era un secreto que el nudo que se formó hace dos meses entre los cerebros jurídicos de Las FARC y el gobierno, por fin se desenredó.

El New York Times, el Huffington Post y hasta el Washington Post criticaron la actitud del expresidente y reseñaron su reacción de estos días como una guerra individual contra el proceso.

En menos de una semana Uribe pasó de ser un faro para la opinión pública a una voz solitaria. Si mantiene esa posición quedará en la incómoda situación de depender del fracaso de los diálogos para rescatar su imagen. Porque si algo quedó claro es que el expresidente depende del proceso con Las FARC más que el propio Santos.

Ocho firmas son dueñas de mitad de las nuevas vías

De las concesiones 4G, firmas colombianas se quedaron con 68,7 % de 4.571 kilometros.

 

Entre las extranjeras, las empresas con más kilómetros adjudicados de construcción de vías provienen de España.

Luego de que el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adjudicara los 19 proyectos viales de iniciativa pública de la primera y segunda ola de las nuevas concesiones de cuarta generación, más las siete iniciativas propuestas por los inversionistas privados, el mapa de la propiedad e inversión en las nuevas carreteras quedó conformado con una amplia mayoría nacional.

Según las cifras de la entidad, de los 4.571 kilómetros que se han contratado y/o adjudicado hasta el momento, el 68,7 por ciento estará a cargo de inversionistas colombianos, quienes tendrán a su cargo inversiones por 19,7 billones de pesos, de un gran total de 30,7 billones de pesos.

Los datos desagregados de los procesos contractuales adelantados hasta el momento dejan ver, además, que en el último año y medio, período en el que llevaron a cabo estos procesos, ocho grupos quedaron al mando de 2.278 kilómetros (el 49,8 por ciento del total), para los cuales harán inversiones por 16,4 billones de pesos.

Aunque cuando se iniciaron las primeras adjudicaciones el que picó en punta fue el empresario Mario Huertas Cotes –en su momento fue calificado como el nuevo zar de la infraestructura–, con el correr del tiempo, mientras el empresario vendía parte de sus concesiones para diversificar el riesgo, los otros procesos fueron transcurriendo, dejando definidas las posiciones de este escalafón.

Si se mide por kilómetros para construir, el liderato lo tiene Construcciones El Cóndor, cuyas participaciones en las diferentes concesiones le permitieron tener a su cargo 613,8 kilómetros, e inversiones comprometidas por 2,5 billones de pesos.

Mayor inversionista

Pero al clasificar el ranking por el valor de inversión a ejecutar, el comando de la tabla lo domina Corficolombiana, entidad financiera que, a través de las firmas Episol y Concecol, se adjudicó cinco proyectos (entre ellos, la iniciativa privada Chirajara-Villavicencio 2), con inversiones por 5,97 billones de pesos.

El podio lo completa un extranjero, la compañía española Sacyr, que con su participación en tres proyectos asumirá inversiones por 1,97 billones de pesos, al tener una participación en 320,5 kilómetros del total adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hasta el momento.

Entre tanto, el cuarto lugar de la medición lo ocupó un viejo conocido de la infraestructura del sur del país: Carlos Alberto Solarte, quien hoy participa a nombre propio y con la firma Cass Constructores, y con las que hace parte de dos concesiones, con participaciones que sumadas le dan el control sobre 232 kilómetros que representan inversiones por 1,43 billones de pesos.

Esto sin contar la firma CSS Constructores, principal sociedad del llamado Grupo Solarte, de la cual el empresario se apartó el año pasado por divisiones internas, tras la muerte de su hermano Luis Héctor Solarte.

Y si bien perdió terreno, el empresario Mario Huerta Cotes clasificó en el escalafón de inversiones que superan el billón de pesos.

Liderato español

En cuanto a los kilómetros que quedaron a cargo de inversionistas extranjeros (1.378, según las participaciones que tienen en los consorcios), estos sumarán inversiones por 10,32 billones de pesos.

De este valor, los mayores recursos provendrán de españoles, los cuales fueron los grandes adjudicatarios foráneos de los proyectos de las vías 4G, pues estarán presentes en 649 kilómetros para los cuales tendrán que invertir 5,5 billones de pesos.

Además de Sacyr, que se mencionó anteriormente, las otras compañías de capital español que apostaron fuerte han sido OHL, que a través de dos filiales está en el proyecto Autopista al Río Magdalena 2, en Antioquia, así como Iridium Concesiones Viarias, que se asoció con Episol, filial de Corficolombiana, en los proyectos Pacífico 1 y Mulaló-Loboguerrero, este último con inversiones por 1,19 billones de pesos para solo 31,8 kilómetros, dada su complejidad técnica (15 túneles y 38 puentes y viaductos).

En las dos carreteras, la compañía española deberá hacer inversiones por 1,19 billones de pesos.

Detrás de Iridium está el conglomerado español ACS, controlado por el empresario Florentino Pérez (dueño del equipo de fútbol Real Madrid), ya que esta es una de sus firmas de construcción.

Entre las extranjeras que hacen par del grupo de las ocho firmas con la mitad de los kilómetros de las vías 4G aparece la costarricense Constructora Meco, que, al asociarse con el empresario Mario Huertas, adquirió participaciones para construir 131,6 kilómetros, con inversiones por unos 865.000 millones de pesos.

Odinsa, tras iniciativas privadas

Odinsa, que es controlada por el Grupo Argos, si bien quedó con el 25 por ciento del proyecto Pacífico 2, en el que invertirá 325.000 millones de pesos, su mayor apuesta fue por la iniciativa privada Concesión Vial de los Llanos, trayecto que le representará recursos de capital por 646.909 millones de pesos.

La compañía nacional también trabaja en una oferta para extender la concesión Hatovial, en Antioquia, hacia Puerto Berrío, así como en el proyecto de la doble calzada entre Calarcá (Quindío) y La Paila (jurisdicción de Zarzal, en el Valle), que conecte el Pacífico con Bogotá. Este último prevé la ejecución de 1,2 billones en recursos de capital.

Asesinada periodista en Valledupar

Nimia Ester Peña Pedrozo al parecer fue víctima de un atracador.

 

En hechos que son motivo de investigación,  fue asesinada la comunicadora social y periodista, Nimia Ester Peña Pedrozo, de 28 años de edad, en hechos ocurridos a las 2 de la mañana de este domingo en el estanco Kike, ubicado en la Avenida Simón Bolívar de Valledupar (Cesar).

De acuerdo con las primeras versiones que son confrontadas por la Policía, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos y justo cuando se disponía a irse apareció un delincuente que intentó arrebatarle el bolso. Ella opuso resistencia y el desconocido le propinó un disparo por la espalda. De inmediato fue llevada a la Clínica Isabel pero no sobrevivió.

Nimia Peña era oriunda de El Banco (Magdalena) pero residía hacia varios años en Valledupar. Se desempeñó como redactora en el periódico Vanguardia Liberal Valledupar. Era contratista de empresas mineras y en este momento trabajaba como jefe de prensa en la campaña política al Concejo de Leonardo Bravo

Comunicado de prensa

El comando de la Décima Brigada Blindada, en relación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2015 en el municipio de Maicao se permite realizar las siguientes precisiones:

1. Siendo las 9:30 p.m. del día 26 de septiembre de 2015, una buseta adscrita al Batallón de Infantería Mecanizado N°6, “Cartagena”, adelantaba labores de apoyo a la misión humanitaria que ofrecen los soldados de la Décima Brigada Blindada, en la frontera con Venezuela, cuando fue impactada por una motocicleta que se movía a exceso de velocidad con dos ocupantes, esto sucedió en el barrio José Antonio Galán del municipio de Maicao

2. El soldado que conducía la buseta inmediatamente descendió del vehículo para brindar ayuda a las dos personas que perdieron el control de la moto colisionando trágicamente, pero el uniformado fue agredido por la población civil lanzándole piedras y palos, incluso, fue amedrentado con arma blanca, preso del temor huyó con instinto de conservación buscando refugio de la turba que pretendía lincharlo.

3. Luego que el soldado huyera, miembros de la comunidad y familiares de las victimas desaparecieron la motocicleta involucrada en el hecho e incineraron (prendieron fuego) la buseta institucional de placad DIY 876m la cual prestaba sus servicios para el transporte de personas deportadas y refugiadas de Venezuela.   

3. En el accidente de tránsito perdieron la vida Carlos Contreras Arrollo de 31 años de edad, de nacionalidad venezolana y Enrique Rodríguez Torres de 20 años de edad oriundo de Maicao, Guajira.  

4. El comando de la Décima Brigada Blindada lamenta profundamente que estas dos personas hayan perdido la vida a bordo de la motocicleta en que se transportaban, en nombre de nuestra institución expresamos un sincero sentimiento de condolencia a los familiares y amigos de las víctimas.

4. Al mismo tiempo ordenamos se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que hoy nos acaecen.     

En el Día del Derecho al Acceso a la Información, Función Pública recuerda obligatoriedad de Ley de Transparencia

• El proceso de Rendición de Cuentas y los sistemas de información actualizados hacen parte de los mecanismos para garantizar el Derecho al Acceso a la Información.

El Derecho al Acceso a la Información es aquel que tiene toda persona a acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública, en posesión o bajo control de los sujetos obligados.

En el marco del Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información, que se celebra este lunes 28 de septiembre, Función Pública como entidad líder de la Política Pública de Acceso a la Información, recuerda a las entidades de los niveles nacional y territorial la importancia de realizar procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía, de mantener actualizada la información del directorio de servidores públicos y publicar en el Sistema Único de Trámites, Suit, los trámites que la ciudadanía puede adelantar ante estas instituciones, de acuerdo con la Ley de Transparencia y el Decreto 1081 de 2015, que la reglamenta.

El Derecho al Acceso a la Información es aquel que tiene toda persona a acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública, en posesión o bajo control de los sujetos obligados. Este Derecho aplica a todas las personas independientemente de su lugar de nacimiento, nivel de ingreso o características físicas.

Función Pública resalta la importancia de mantener actualizados los sistemas de información transversales del Estado y realizar procesos de rendición de cuentas orientados a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.

Ley Estatutaria 1757 en su Capítulo IV, define la rendición de cuentas como "una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

De igual forma se definen sus principios, su obligatoriedad y etapas y hace extensiva esta obligación a las Juntas Administradoras Locales, Concejos y Asambleas.

El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman un Estado trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública. Al tener un proceso de rendición de cuentas, las entidades pueden ser percibidas como más transparentes y desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza.

Para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión.

En complemento y en reglamentación del Derecho al Acceso a la Información, en el Decreto 1081 de 2015, se establecen los criterios que las entidades deben seguir para la publicación, divulgación, gestión de la información pública, recepción y respuesta a solicitudes de acceso a la misma, así como la gestión de la información clasificada y reservada y el seguimiento de dicha información, entre otros.

Dentro de los aspectos importantes de esta norma se destaca la publicación del directorio de servidores públicos y contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep, el cual contiene información sobre el personal al servicio del Estado colombiano. Así mismo, el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites, Suit. Gracias a ambos sistemas administrados por la Función Pública, hoy por hoy los ciudadanos pueden acceder a 22.415 trámites que se encuentran inscritos en el Suit, así como acceder a 539.383 hojas de vida de los servidores del Estado, actualizadas en el Sigep.

El artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, establece la obligación de publicar de manera proactiva el Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas, y frente a la materia el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto establece que las entidades del orden nacional y territorial deben publicar un directorio de sus servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga la información general relacionada con nombres y apellidos, país, departamento y ciudad de nacimiento, así como la formación académica, experiencia laboral y profesional, datos relacionados con el cargo que desempeñen y dependencia de la entidad donde prestan sus servicios, correo y teléfono institucional, además de la escala salarial y el objeto y valor del contrato que posean.

De acuerdo con el Decreto, “para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep”.

De otra parte, también se establece que las entidades deben publicar en todos los trámites que los interesados pueden adelantar ante las mismas, señalando la norma que los sustenta, los procedimientos, costos de dichos trámites, así como formatos y formularios requeridos para poder diligenciarlos.

Igualmente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.6 del Decreto, con la inscripción de los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites, Suit, por parte de los jefes de planeación, responsables de esta actividad al interior de las entidades, se entenderá cumplido este requisito.

El Suit es un sistema que ofrece información a través de internet sobre los trámites exigibles a los ciudadanos en Colombia. Es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia.

Por su parte, el Sigep es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado colombiano.

Es importante resaltar que esta disposición es de gran importancia para facilitar el acceso a la información pública, en los términos y condiciones establecidos en la Constitución y la ley.

Para mayor información, usted puede consultar aquí el Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015.

Función Pública es la entidad estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.

En Cerrejón todos tejemos alianzas por el acceso al agua 24 alumnos de cuarto grado del Colegio Albania visitaron a la comunidad de Tekia con el fin deconocer el sistema de bombeo solar instalado en esta población y tuvieron la oportunidad de compartir con los niños del Centro Educativo Indígena de esta comunidad entre juegos, bailes y cuentos. Gracias a la instalación del sistema, en el que se invirtieron $170 millones de pesos donados por empleados, familiares y contratistas de Cerrejón en alianza con la Empresa y la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira, 210 miembros de la comunidad de Tekia y 300 familias de seis comunidades vecinas tienen acceso al agua. Conoce esta historia, de la mano de sus protagonistas:

Listo los tres nuevos billetes de $20.000, $50.000 y $100.000

A partir del año 2016 el Banco de la República emitirá nuevos diseños en los billetes del país. El gerente general José Darío Uribe anunció con un vídeo promocional los cambios: en la denominación de $20.000 estará el expresidente Alfonso López Michelsen; en el billete de $50.000 estará el Premio Nobel, Gabriel García Márquez; mientras que en el billete de más alta denominación que haya tenido Colombia, el de $100.000, su cara será la del expresidente Carlos Lleras Restrepo.

Un voto vale entre 25 mil y 200 mil pesos en Colombia

Por primera vez, los que venden su sufragio serán acusados. Millonaria venta de combos electorales.

 

Algunos promotores de campaña en las regiones.

A menos de un mes de las elecciones regionales en el país, la Fiscalía y la Policía tienen una radiografía sin antecedentes sobre las redes que ofrecen al mejor postor paquetes de votos para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

En buses, taxis, mototaxis y hasta en lanchas fueron ‘trasteados’ de municipio miles de colombianos que recibieron entre 25.000 pesos y 200.000 pesos para inscribir sus cédulas en lugares de votación a los que se comprometieron en volver el próximo 25 de octubre, para finiquitar la venta ilegal de sufragios. Lo que se vende son combos (que pueden ir desde las firmas para inscribir candidatos hasta el voto como tal), cuyo pago incluye, además de la plata, el valor del transporte, la comida y hasta el trago para los sufragantes.

El fenómeno es de tal magnitud que el Gobierno calcula en casi 800.000 las cédulas inscritas irregularmente. De hecho el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo sostiene que “no hay un pueblo en Colombia en el que no haya sospechas”.

En estas elecciones, por primera vez, la Fiscalía empezó a perseguir a los que pecan por la paga electoral. Diferentes operativos dejan ya 22 personas capturadas en Atlántico, Meta, Bolívar, Córdoba y La Guajira, y se alista un nuevo capítulo penal contra funcionarios de la Registraduría enredados en esas prácticas ilegales.

Una de las últimas personas detenidas fue la contratista Lucy Erazo Yohar, dueña de una empresa de aseo y vigilancia en La Guajira que presta sus servicios a entidades públicas y quien reunió a sus trabajadores el 12 de junio en un restaurante de Riohacha y les advirtió que cada uno tenía que aportarle cinco votos, so pena de perder sus trabajos.

Según la Fiscalía, interceptaciones ordenadas por jueces y las entrevistas arrojan que esos votos iban para candidatos de varios movimientos. La investigación sostiene que serían repartidos entre las campañas de Gabriel Redondo Pinto, candidato a la asamblea por ‘la U’; Nemesio Raúl Roys, quien aspira a la alcaldía de Riohacha por el Partido Conservador, y Karla José Escudero, quien va al Concejo de ese municipio también por ‘la U’.

Los ‘dueños’ de los grupos de votantes no van tanto por plata, sino por los millonarios contratos que recibirán de sus clientes una vez estos lleguen a los cargos públicos.

El expediente de las trampas electorales señala que hasta los ‘barras bravas’ son mansos para los que trastean votos. A 150 de ellos los llevaron, luciendo camisetas de sus equipos, desde el municipio de Soledad a Santa Lucía, en Atlántico, donde inscribieron sus cédulas. Cada uno de ellos habría recibido 50.000 pesos y trago suficiente para el viaje, el pasado 14 de agosto.

A los candidatos Miguel Fernando González (alcaldía de Canalete, Córdoba), y Feliciana Domínguez y Julio Cesar Álvarez (concejo) los señala la Fiscalía de estar detrás del trasteo de más de cien personas de municipios aledaños.

“El voto se cotiza según lo reñida que esté la campaña y la distancia que hay que mover a los electores”, afirmó un investigador.

En Córdoba se detectó una red que alquila motos y las entregaba a los sufragantes para que fueran a municipios cercanos a inscribirse. Una vez regresaban devolvían la moto y recibían la mitad de lo prometido. “En este caso, que aún está en investigación, se detectó que la red no estaba comprometida con ningún candidato y que su estrategia era acopiar votantes para luego ofrecerlos al mejor postor”, indicaron las fuentes consultadas. Pero no solo se ofrece plata. En La Guajira se paga el voto con beneficios del Sisbén, y en Meta la promesa es de contratos públicos a cambio de votantes.

El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, dijo que se investigan casos alarmantes como el de Cota (Cundinamarca), adonde se habría dado un trasteo masivo desde Soacha. Allá se anularon 4.249 cédulas. Agregó que en algunas regiones de la Costa prácticamente se anuló el 80 por ciento de las inscripciones.

Vienen 175 acusaciones

La Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a 700 personas que se inscribieron en donde no debían y les ofreció beneficios si colaboran para desmantelar las redes detrás de esa práctica ilegal. Sin embargo, al encontrar que la colaboración no ha sido efectiva se procederá a imputar cargos a 175 personas que se exponen a penas de entre 4 y 8 años de cárcel.

El vicefiscal Perdomo advirtió que no se busca judicializar a los ciudadanos, pero que quien no colabore se expone a ir preso. “Antes se hacían las capturas el día de las elecciones: aquí nos estamos adelantando para dar transparencia al proceso”, indicó.

El general Palomino dijo que, además del riesgo de las ‘mafias’ electorales, se ha detectado que las bandas, actores de minería ilegal y el Eln han contactado a candidatos ejerciendo presiones indebidas.

Boletas para cine en el Meta

La Fiscalía acaba de abrir una indagación sobre la presunta utilización de un convenio de la Alcaldía de Villavicencio y Cineco Social para hacer política.

En poder de los investigadores están las copias del convenio, que busca favorecer a personas de bajos recursos con entradas a cine. Sin embargo, se detectó que adultos mayores y niños eran llevados a las funciones por personas de la campaña del candidato a la alcaldía Fernando Rivera e incluso se ve a los promotores, vestidos con camisetas del candidato, diciendo que esa es una actividad promovida por la Alcaldía.

Investigadores señalaron que Cineco suspendió el convenio al enterarse del posible mal uso que se le estaba dando.

2.817 candidatos, con procesos por narcotráfico

Una comisión especial de investigadores estableció que hay vigentes 103.033 investigaciones contra personas que aspiran a ser elegidas en octubre.

11.143 de ellos tienen procesos por inasistencia alimentaria; 6.183, por violencia intrafamiliar; 1.254, por delitos contra la integridad social; 2.817, por narcotráfico; 822, por concierto para delinquir, y 1.076 por tráfico y porte de ilegal de armas.

Policía y Fiscalía han capturado a 14 candidatos por nexos con bandas criminales especialmente el ‘clan Úsuga’ y ‘la Constru’ (que delinque en Putumayo), y se prepara una nueva operación contra al menos otra docena de aspirantes. Según el vicefiscal Perdomo, esas investigaciones fueron priorizadas “para evitar que reviva la parapolítica”.