Gobierno teme que nuevas deportaciones extiendan crisis de la frontera
Canciller denunció deportados desde Caracas y Fiscal dijo que demanda ante CPI sería contra Maduro.
a de los derechos humanos.
El Gobierno puso en marcha este miércoles su nueva estrategia frente a la crisis con Venezuela y trasladó a 18 embajadores y al consejo de ministros hasta la frontera para evidenciar la violación de los derechos humanos de los colombianos expulsados del país vecino –que ya superan los 10.000– en la última semana y media.
El presidente Juan Manuel Santos se puso al frente del grupo de delegados diplomáticos y ministros que visitó varios de los albergues donde niños, ancianos, mujeres y hasta enfermos dieron testimonio de los atropellos de las autoridades venezolanas.
Ahí, frente a los embajadores, Santos denunció la crisis humanitaria que golpea la frontera con Venezuela y anunció unnuevo bloque de medidas para enfrentar esa problemática. Van desde la declaratoria de la emergencia económica hasta la creación de una cuenta nacional para recibir donaciones.
Fiscal acusaría a Maduro ante CPI
El fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró este miércoles en la noche que la denuncia que presentaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los ataques contra la población colombiana en Venezuela no solo sería contra la cúpula militar, sino también contra el presidente Nicolás Maduro.
El Fiscal le dijo al noticiero ‘CMI’ que esa corte mira casos donde hay responsabilidades individuales.
“En el caso de la CPI, las responsabilidades son individuales, no son responsabilidades del Estado; por eso la denuncia se formularía directamente contra el presidente Nicolás Maduro y, además, contra la cúpula militar y la cúpula civil que hayan contribuido al diseño de las políticas discriminatorias y al ataque contra la población civil colombiana que vive en Venezuela”, explicó.
En tanto, la crisis humanitaria, según la canciller, María Ángela Holguín, dejó de ser solo un problema fronterizo, pues se supo de la deportación de 32 colombianos desde Caracas, la capital venezolana. Información preliminar da cuenta de que cinco de estos connacionales son menores de edad y otros ocho tenían antecedentes. Esto genera preocupación porque podría haber indicios de una persecución de colombianos por razones distintas al contrabando y los efectos cambiarios con los que se justificó el cierre de la frontera.
Santos, quien viajó al mediodía a Cúcuta, dejó en claro que a Colombia no se le puede echar la culpa de los fuertes problemas internos que enfrenta Venezuela y que, bajo ninguna circunstancia, permitirá que con excusas “políticas y electorales” se vulneren los derechos humanos de los connacionales.
“Responsabilizar a los colombianos de los males venezolanos es algo que tenemos que rechazar”, dijo Santos, quien añadió que la escasez de alimentos y el problema cambiario en Venezuela “se deben a una política económica que fracasó estrepitosamente y que nada tiene que ver con Colombia”. Finalmente enfatizó: “Nos duele que estén instando esta xenofobia”, pero agregó: “No queremos insultos y seguiremos buscando soluciones de manera civilizada”.
El Presidente oficializará la medida de emergencia económica para Cúcuta en los próximos días, a través de un decreto. Al amparo de esta se facilitará, entre otros, transportar el carbón que se produce en municipios de Norte de Santander, como Sardinata, Salazar de las Palmas, Cúcuta y El Zulia. También permitirá que empresarios nacionales en Ureña y San Antonio, poblaciones fronterizas de Venezuela, se instalen en Cúcuta en condiciones favorables que generen empleo. Así mismo, acelerar la inversión nacional en Norte de Santander, al igual que hacer los traslados presupuestales que se requieren para las obras de infraestructura urgentes.
La cuenta nacional que se creó para las donaciones y que se denominó ‘Colombia unida por la frontera’ será administrada por Davivienda con el número 021666888. También se reforzarán los planes de vacunación para evitar enfermedades.
Nuevas preocupaciones
Este miércoles, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que existen evidencias de que las empresas de colombianos ubicadas en la parte venezolana de la frontera están siendo ocupadas por la Guardia de ese país. Según Cristo, las acusan de delitos económicos .
Al Gobierno también le preocupa que 2.064 estudiantes colombianos y venezolanos no hayan podido regresar a clases tras el cierre de la frontera, así como el desempleo que se estaría generando en Maicao, a donde venezolanos llegan a vender barato mercancías de su país.
Por su parte, la ministra de Educación, Gina Parody, pidió que 2.067 niños puedan continuar con sus clases en el país vecino. "Pedimos que podamos construir acá un corredor humanitariodonde un bus escolar, o los buses escolares, puedan transitar de tal manera que se garantice el derecho a la educación a los niños", dijo.
La ruta de la Canciller para denunciar los atropellos
La visita que hicieron este miércoles varios embajadores a la frontera con Venezuela para constatar la crisis humanitaria que ha provocado en Cúcuta la expulsión masiva de colombianos desde el vecino país fue apenas el preámbulo del trabajo que la canciller, María Ángela Holguín, hará ante la comunidad internacional, a partir de la próxima semana, para denunciar los atropellos de las autoridades venezolanas contra los colombianos.
Entre lunes y martes estará ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, la OIM y la Acnur; el miércoles, en Nueva York con Ban Ki-moon, secretario General de Naciones Unidas, y el viernes irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Este sábado 5 estará a la frontera colombovenezolana con Luis Almagro, secretario de la OEA.
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