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Resarcir la dignidad, única política frente a Maduro

Las enfáticas  declaraciones del expresidente César Gaviria, por varios medios de comunicación radiales , pusieron sobre el tapete algo que la mayoría de los colombianos estaba esperando: la defensa del país frente a la persecución y los insultos del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El asunto, de inmediato, llevó al interrogante de por qué el gobierno colombiano, a su vez, había tardado tanto en reaccionar y dejar prosperar las conductas del mandatario del vecino país contra los colombianos en la frontera, sin replicar contundentemente los hechos cumplidos.

¿Qué pasa que cada vez que Venezuela ataca a Colombia se recurre a declaraciones lo más suaves posibles? El gobierno Santos habló, apenas comenzó la crisis, de que todo se resolvería por la vía diplomática. En ningún momento, sin embargo, exigió perentoriamente la suspensión de lasacciones del gobierno venezolano que, en cambio, bien tildó Gaviria de “fascistas”.

Incluso desde anteayer el expresidente Álvaro Uribe se desplazó a Cúcuta y tomó la iniciativa política. El presidente Santos llegó un día después.

Más allá de la conocida rivalidad entre ambos, es al Jefe de Estado, por supuesto, al que corresponde no solo la defensa de los grandes intereses nacionales, sino la representación de la unidad nacional exigida en la Constitución. Pero nadie puede evitar tampoco que los dirigentes políticos actúen.

Santos, a su turno, citó el martes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero de ella no salió nada diferente a lo que venía aconteciendo de antemano, salvo una declaración en la que pidió “serenidad” y no habló directamente del presidente Nicolás Maduro.

Ciertamente, el gobierno Santos ha seguido la directriz de que se trata de una crisis humanitaria, para lo cual ha hecho esfuerzos con el fin de recibir a los centenares de deportados. Pero se ha cuidado, al mismo tiempo, de no darle el cariz político que evidentemente tiene la conducta intempestiva de Maduro y que ha mellado la dignidad del país.

Porque, sin duda, nunca había visto Colombia  escenas tan humillantes sobre sus nacionales, como las que evidentemente se han registrado en todos los medios de comunicación. Personas de carne y hueso, dizque acusadas de paramilitares, llevando los niños en brazos y transportando al hombro hasta las neveras y los enseres de sus casas, de la misma manera derribadas, luego de ser marcadas al estilo de lo que Hitler hacía con los locales judíos.

Crisis política

La crisis, por lo tanto, es ante todo y primero política. La decisión de una nación, por lo demás vecina, supuestamente hermana, cuyo gobierno tomó la determinación, inclusive sin alerta previa, de perseguir, de la noche a la mañana, a los colombianos, bajo el presunto expediente de un paramilitarismo a todas luces inexistente.

Colombia, por su parte, ni siquiera emitió la más leve nota de protesta. La misma que en otras ocasiones menos graves expidió en el término de la distancia. La excusa, para no hacerlo, ha consistido en decir que contestar las provocaciones de Maduro es caer en su juego polarizante para las elecciones de diciembre próximo. Aun así, cuando la dignidad de los colombianos está de por medio, no valen cálculos políticos, tanto en cuanto no son ellos fundamento para dejar en vilo el mandato constitucional.

No se trata, por supuesto, de ninguna declaratoria de guerra o declaraciones desbocadas al mismo estilo de Maduro. Pero, estando en presencia de hechos cumplidos, tal y como se dijo, no es posible simplemente decir que todo se arreglará por la vía diplomática corriente, como si con ello pudiera devolverse la situación a antes del daño perpetrado.

Múltiples son, desde luego, los mecanismos de derecho internacional a los que pudo haber asistido inmediatamente Colombia, en procura de defender los derechos de sus nacionales. Y si entre los perseguidos fuere del caso que existieran algunos paramilitares, el gobierno venezolano ha debido entregarlos formalmente a nuestro país para ponerlos al recaudo de la justicia. No ciertamente, a partir de ‘pescas milagrosas’.

Por demás, tal cual se había dicho en las páginas de este Diario, era sabido que Unasur no iba a decir nada. Aunque, finalmente, sí lo dijo, en cabeza del Secretario General, el expresidente colombiano Ernesto Samper, para excusar al gobierno venezolano. Solo después de la reprimenda pública del expresidente Gaviria, en el día de ayer, el ente emitió un lánguido comunicado rectificándose. Sin embargo, la pregunta al final del día seguía siendo la que Gaviria había planteado en la mañana: ¿vale la pena que Colombia siga en Unasur?

Al mismo tiempo, tras la reunión entre las cancilleres María Ángela Holguín, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, no se llegó a ningún acuerdo sobre la reapertura de la frontera intempestivamente cerrada y el resarcimiento a los daños hechos a los colombianos. Se habló de contrabando, de las mafias que azotan a la zona y otros temas que hacen parte de una agenda común, pero sobre el punto concreto que ha suscitado la crisis fronteriza, no se obtuvo ninguna conclusión.

Paz y dignidad

Por las redes sociales, entretanto, la tendencia del día de ayer era solicitar que Venezuela dejara de ser garante en el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana.

Claro es que en Colombia no existe un sentimiento anti-venezolano, pero sí evidentemente una posición contra el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Frente a ello, el gobierno colombiano se mantiene más o menos neutral, entendido que la administración Maduro tiene ascendiente sobre las Farc y parecería ficha clave en sacar el proceso de paz avante.

Aparte de ello, lo que prepondera, frente a Maduro, es el resarcimiento de la dignidad colombiana. Cualquier otra cosa es dejar semejante tema inconcluso, para que una y otra vez se vuelva a repetir.

Entretanto, tal cual lo ha querido el gobierno venezolano, la frontera seguía herméticamente cerrada, como si fuera un teatro de operaciones militar.