708 aspirantes esperan ultimátum
Esta semana el ConsejoNacional Electoral emitiría las primeras resoluciones sobre revocatoria de la inscripción de candidatos para los comicios regionales del próximo 25 de octubre porque estarían inhabilitados para ocupar el cargo. Sin embargo, el número de comprometidos ya no es de 729 como inicialmente reportó la Procuraduría sino de 708.
En una segunda comunicación el Ministerio Público le dice al Consejo Nacional Electoral que se han presentado algunas novedades que implican ajustar el primer reporte.
En ese sentido fueron excluidos de esta lista negra 18 personas porque en algunos casos los números de cédula no están relacionados con el nombre de los candidatos inscritos.
También fue retirado del listado que el Consejo Nacional Electoral procederá a revocar inscripciones del candidato al Concejo de Dosquebradas (Risaralda), Manuel Salvador Quintero Cárdenas, tras comprobar que su número de cédula fue reportado erróneamente por la autoridad judicial.
No obstante, la Procuraduría procedió a revisar sus antecedentes en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), que administra este organismo, constatando que el aspirante no registra sanción alguna.
También, la Procuraduría da cuenta de que en algunos casos de oficio, en otros a petición del interesado o de autoridad competente, se revisó la información y se constató que si bien existen sanciones a nombre de los ciudadanos, éstas no generan inhabilidad para aspirar al cargo al que se inscribieron.
Este es el caso de Wilson Alberto Mendoza Martínez, candidato a la JAL por el Partido de La U, Agustín Barbosa López, candidato al Concejo por el Partido Liberal, y César Tiberio Marín Mejía, candidato al Concejo por el Partido de La U.
Tras estos ajustes en la información que había entregado el Ministerio Público indicó al Consejo Electoral que el resto de los candidatos que reportó a principios de agosto, es decir 708, posiblemente está inhabilitado. Esto con miras a que proceda a revisar si existe mérito para revocar su inscripción.
Los candidatos que estarían encartados para los comicios regionales de este año son uno a gobernación, 16 que aspiran a asamblea departamental, 13 que van por alcaldía, 562 que buscan ser elegidos a concejos municipales y distritales, 116 que optaron por buscar llegar a la JAL.
El pasado 6 de agosto, la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Carreño, presentó al Consejo Electoral un listado con los nombres y los cargos a los que aspiran 729 candidatos de diferentes partidos, movimientos políticos y movimientos significativos de ciudadanos que registran inhabilidades en el SIRI.
El SIRI está conformado por la información que reportan los diferentes operadores que imponen sanciones que han quedado debidamente ejecutoriadas, ya sean disciplinarias, penales, derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, derivadas de un proceso de responsabilidad fiscal, declaraciones de pérdida de investidura y sanciones impuestas en el ejercicio de profesiones liberales.
Facultades
Se espera que esta misma semana el Consejo Nacional Electoral emita las primeras resoluciones sobre la revocatoria de la inscripción de 708 candidatos de los cuales la Procuraduría se ratificó sobre su inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Para obrar en este sentido el Consejo Electoral considera que constituye plena prueba de la inhabilidad de estas personas el certificado especial de antecedentes del SIRI.
La Reforma Política de 2009 (Acto Legislativo 01) facultó al Consejo Nacional Electoral para revocar la inscripción de candidatos de los cuales exista plena prueba que están incursos en causal de inhabilidad. De esta forma, el Legislador buscó evitar que se posesionaran personas inhabilitadas y que luego se mantuvieran en el cargo por un buen tiempo hasta que prosperara en el contencioso administrativo una demanda de nulidad de la elección.
El Consejo Electoral ‘estrenó’ dicha facultad en los comicios regionales de 2011, cuando revocó la inscripción de más de 800 candidatos de los 100 mil que se presentaron, en la mayor parte de los casos a solicitud de los propios partidos que los habían inscrito.
Sin embargo, a mediados de 2013 el Consejo de Estado dejó sin efecto una resolución por medio de la cual el organismo había regulado el procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatos, al determinar que solo el Congreso puede establecer este trámite por medio de una ley estatutaria.
A pesar de que esto último no ha prosperado en el Parlamento, el Consejo Electoral reactivó esta función valiéndose del Código de Procedimiento Administrativo, el cual fue modificado por la Ley 1437 de 2011, y que según la interpretación del organismo le permite revocar la inscripción de candidatos que determine es contraria a la ley.
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