miércoles, 26 de agosto de 2015

Cuatro millones se inscribieron para las elecciones de octubre

Como cada cuatro años, las denuncias de trashumancia no faltaron. Autoridades revisan denuncias.

 
En Puerto Colombia, municipio del departamento del Atlántico, hay muchas quejas sobre posible trashumancia para las elecciones de octubre.

En medio de denuncias sobre trashumancia en más de 400 municipios del país, este martes venció el plazo que había dado la Registraduría para las inscripciones de personas interesadas en votar en los comicios del próximo 25 de octubre.
Aunque las cifras oficiales solo se conocerán en la mañana de este miércoles, hasta la noche de este martes se calculaba que cerca de 4 millones de ciudadanos que deseaban cambiar de sitio de votación o que nunca han votado se inscribieron. En el 2011 se inscribieron 3,9 millones.

Este proceso estaba abierto desde el pasado 25 de octubre. Pero como cada cuatro años, las denuncias de trashumancia volvieron a salir a flote. Precisamente, el departamento del Atlántico cerró la jornada de inscripción de electores con protestas en cuatro municipios donde se denunció este delito.
En Puerto Colombia, Luruaco, Palmar de Varela y Candelaria, habitantes salieron con pancartas a las sedes de las alcaldías y registradurías locales a rechazar la inscripción de personas foráneas.
El caso más preocupante para los analistas de la Misión de Observación Electoral (MOE) se reportó en Puerto Colombia, donde se denunció la inscripción de 3.000 cédulas de personas de fuera del municipio.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Emiliano Rivera, dijo que el organismo ya comenzó a revisar todas las denuncias que tiene sobre trashumancia.
Señaló que ya recibió los primeros cruces de datos entre la Registraduría y algunos programas y entidades del Estado que permitirán determinar realmente dónde viven los votantes.
“La idea es que antes del 25 de septiembre hayan concluido todas las investigaciones y podamos determinar quiénes son trashumantes”, dijo Rivera.
La norma contempla que a quienes se hayan inscrito para votar en un municipio diferente a su lugar de residencia se les revocará la inscripción, pero el Consejo Nacional Electoral, además, está dejando los casos en manos de la Fiscalía para que se castigue a los responsables.

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