Segundo tiempo de 'chuzadas': otras dos fichas de Uribe, ante jueces
Se trata de César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Podrían pagar ocho años de cárcel.
A una pena de más de ocho años de cárcel se exponen el exsecretario de Prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez, y el exsecretario jurídico, Edmundo del Castillo, por su presunta responsabilidad en un plan para desprestigiar a la Corte Suprema y a la excongresista Yidis Medina durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Luego de tres años de investigación, un fiscal delegado ante la Corte consideró que hay suficientes evidencias para llevar ante la justicia a del Castillo, Velásquez y los abogados Diego Álvarez y Sergio González.
“Esta es la segunda fase de la investigación de las chuzadas del DAS. Hubo un complot de altos funcionarios para desprestigiar a la Corte y en particular a los investigadores de la parapolítica, y eso quedó ya demostrado judicialmente en la sentencia contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno”, señaló una alta fuente de la Fiscalía.
Del Castillo responderá por los delitos de concierto para delinquir, peculado y violación ilícita de comunicaciones. Los otros tres, por concierto para delinquir. González ya cumple una pena de cinco años y ocho meses de cárcel por el delito de calumnia por estar detrás del montaje en el que el paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, acusó a los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de ofrecerle prebendas para que difamara al expresidente Álvaro Uribe.
A los exfuncionarios y particulares la Fiscalía los acusará por hacer parte de un entramado que incluyó sonados escándalos, como el del ingreso del jefe paramilitar Antonio López, alias Job, a la Casa de Nariño en abril de 2008 acompañado por su abogado Diego Álvarez. Igualmente se les cuestionará por la información que llevó a la captura de la excongresista Yidis Medina por un caso de secuestro por el que finalmente fue absuelta. También, por el manejo de información reservada y por su divulgación para desprestigiar a miembros de la Corte Suprema.
En esa misma investigación aparecía el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien ahora es senador. Por ese fuero, su caso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia. Investigadores señalan que la exjefe del DAS María del Pilar Hurtado también se expone a nuevas condenas, pues la de 14 años que recibió se refiere solo a las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS a la Corte y a dirigentes políticos de oposición.
El caso ‘Job’
En el expediente está la declaración del condenado capitán Jorge Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS, quien aseguró que se reunió y le entregó información a Gaviria y Velásquez sobre el viaje de varios magistrados en junio de 2006 en un vuelo que señalaban había sido pagado por Ascencio Reyes, de quien se afirmaba tenía nexos con el narcotráfico. Según Lagos le entregó copia a Gaviria de la lista de personas que habían viajado.
Esa información terminó filtrada a medios de comunicación. El capitán Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS, sostuvo que en una reunión en la Casa de Nariño en abril de 2008 le pidieron información de Ascencio Reyes. En la reunión estuvieron Bernardo Moreno, Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria.
Igualmente está la declaración de la subdirectora de operaciones Martha Inés Leal quien dijo que al abogado Álvarez se le entregaron grabaciones obtenidas por el DAS y que antes de la reunión con 'Job' en la Casa de Nariño se dio otro encuentro al que estaban citado Edmundo del Castillo y el exgobernador Juan José Chaux Mosquera.
Tabares le dijo a la Fiscalía que tanto el caso ‘Job’ como el de ‘Tasmania’ “tenían la intención de afectar a los magistrados”.
En la Fiscalía aun hay investigaciones que podrían enredar al exgobernador Chaux Mosquera, al exdirector de la Uiaf Mario Aranguren, el exasesor Jorge Mario Eastman y el exsubdirecor del DAS Joaquín Polo, así como al exsenador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe y quien habría conocido detalles del plan.
El próximo 3 de agosto la Fiscalía pedirá que a los dos exsecretarios se les prohíba salir del país para asegurar que comparezcan ante el proceso.
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