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¿Se puede caer el Procurador?

 

La elección del procurador Alejandro Ordóñez, realizada por el Senado en noviembre de 2012, está demandada desde febrero del año siguiente.

La semana pasada, dos años y cinco meses después, el jefe del Ministerio Público dio a entender que el fallo le podría ser adverso, señalando que eso ocurriría porque el Gobierno estaría haciendo lobby para sacarlo del cargo.

“Tengo información suficiente y hay hechos que son objetivos”, sostuvo, anotando que “el Gobierno tiene intereses políticos en sacar al procurador, las Farc tienen intereses criminales en sacar al procurador, porque unos y otros requieren un procurador que no sea enemigo de la impunidad, un procurador amigo de la impunidad”.

Ordóñez se remitió a una queja interpuesta en abril por el hasta hace poco magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara en la que señaló a su entonces colega Stella Conto de presuntas irregularidades en el trámite de la citada demanda.

Velilla, que hizo parte de la primera y fallida terna del gobierno de Álvaro Uribe para reemplazar al fiscal Mario Iguarán (fue ternado en octubre de 2009 en lugar de Juan Ángel Palacio, junto a Camilo Ospina y Virginia Uribe), también mencionó en su queja a los magistrados Alberto Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez.

Según Ordóñez, “esa manipulación, curiosamente, tenía que ver con la filtración de unasinformaciones. ¿A quiénes se les filtraba? Al parecer, según el magistrado denunciante, a una ONG que era la demandante dentro de mi proceso para que utilizaran argumentos en contra de la elección del procurador. Y, oh sorpresa: por esa misma época, dicha magistrada recibió beneficios burocráticos de la Cancillería colombiana en cabeza de su hija, que fue nombrada en la estresante ciudad de París”.

 

Demanda

 

En realidad son varias las ONG que demandaron la elección de Ordóñez: el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales Plural, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia.

Los demandantes alegan que “los vicios de la elección iniciaron desde que el procurador hizo pública su intención de ser reelegido y nombró en la Procuraduría a familiares de las personas que podían hacer realidad dicha reelección. Esto es, nombró a familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de senadores. Esta conducta no es algo de poca importancia, pues el artículo 126 de la Constitución lo prohíbe de forma contundente”.

Paradójicamente, sería la conducta que, según el jefe del Ministerio Público, también estaría llevando a cabo el Gobierno.

Además, para los demandantes, Ordóñez “tenía prohibido postularse para ser reelegido”, por lo que “al violar el artículo 126 de la Constitución (…) afectó la imparcialidad del proceso de elección” inclinando “la balanza a su favor”.

La postulación no habría contado “con la mayoría necesaria en la Corte Suprema de Justicia” como tampoco “la elección en el Senado”. En ambos casos, los impedimentos presentados por magistrados con familiares en la Procuraduría y congresistas investigados por el Ministerio Público, fueron rechazados por sus colegas. Para los demandantes en las dos situaciones se trata de votos inválidos.

 

 Proceso

 

 Los señalamientos de Ordóñez fueron rechazados por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien sostuvo que el jefe del Ministerio Público “está pintando el Consejo de Estado como una entidad manipulable, capaz de decidir de acuerdo con presiones externas, y nosotros en el Gobierno pensamos que eso no es así, que el Consejo de Estado es una entidad seria, respetable”, aunque reconoció que “ese es uno de los grandes problemas cuando la administración de justicia es muy lenta. Cuando tarda mucho en resolver los casos se presta para que haya esta clase de observaciones e interpretaciones”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Rafael Vergara, manifestó en la semana que terminó que la demanda de nulidad avanza dentro del curso normal.

“El proceso se encuentra dentro del curso normal. Pero este curso normal se ha visto alterado por las recusaciones, por los impedimentos y por los continuos cambios de magistrados que han finalizado el periodo de los ocho años, lo que evidentemente ha alterado la agilidad y la prontitud con que deben resolverse todas las decisiones que están al interior del Consejo de Estado”, precisó.

Sobre un recurso presentado la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, solicitando la nulidad del proceso, Vergara dijo que “nosotros actualmente no hemos entrado al asunto de fondo porque tenemos primero que resolver las recusaciones, que ya se resolvieron dos”.

Castañeda argumentó que a Ordóñez se le ha vulnerado el debido proceso, pues a lo largo de todo el proceso, supuestamente, no ha sido notificado de los avances del mismo.

 

Elección

 

 El 27 de noviembre de 2012, Ordóñez recibió 80 votos, mientras que Orlando Gallo sólo obtuvo 2. En la sesión 5 senadores votaron por María Mercedes López, pese a que había renunciado a la terna argumentando falta de garantías, mientras que 6, básicamente la bancada del Polo Democrático, votó en blanco.

Para los demandantes de la elección, al menos 59 de los 80 votos conseguidos por Ordóñez serían inválidos, por tratarse de congresistas investigados por el jefe del Ministerio Público.

Llama la atención que en todo caso esos 80 votos son la suma de los senadores de la Unidad Nacional, es decir la coalición del Gobierno que ahora estaría buscando sacar a Ordóñez del cargo por opinar contra el proceso de paz con las Farc, lo que ya había empezado a hacer para esa fecha: 27 de La U, 22 conservadores, 17 liberales, 7 de Cambio Radical y 9 del Partido de Integración Nacional (PIN, hoy Opción Ciudadana).