GENTECULTURAYPUEBLO

Sacan a grupo wayuu con que ocupaban predio en Puerto Colombia

Luego de cinco días de haber sido llevados al terreno por una de las mujeres que alega ser dueña del inmueble, las autoridades dieron cumplimiento a una orden de desalojo del alcalde.

Un grupo de indígenas con  chivos en brazos y sus enseres en el suelo, en una orilla de la carrera 51B, fue el panorama que quedó ayer luego de producirse el desalojo de un predio ocupado en Puerto Colombia, al frente de la universidad San Martín.

Los miembros de la etnia wayuu, cuestionados por otros representantes de este grupo desde La Guajira (ver nota relacionada), habían entrado al terreno el pasado viernes 5 de junio, provenientes de la ranchería ‘Tomasi Comana’, en Manaure, como aseguraron.

Los nativos de La Guajira fueron traídos por Vilma Marimón López, quien aduce que las 15 hectáreas donde se asentaron le fueron otorgadas por el juez quinto de Familia de Barranquilla con un fallo a su favor en un proceso de sucesión. Como EL HERALDO constató, la sentencia fue apelada y se encuentra en segunda instancia en el Tribunal Superior.

El procedimiento de restitución del inmueble fue cumplido ayer por Marlen Marimón, la inspectora de Policía de Salgar, corregimiento de Puerto Colombia. La funcionaria estaba amparada bajo una sentencia policiva proferida el 6 de junio de este año por Carlos Altahona, alcalde de Puerto Colombia.

En ella se ordena “la restitución de los inmuebles objeto de los amparos policivos de fecha 8 de septiembre de 2008 a favor de la sociedad Construcciones e Inversiones Atique, y la sentencia fechada 13 de febrero de 2014, a favor de Finanzas del Norte y CIA. S.C.A”, quienes mostraron a este medio títulos que los acreditarían como propietarios.

Diligencia. A las 11:50 de la mañana agentes de la Policía Nacional, el Esmad y un grupo de carabineros entraron al lugar por un costado, lejos de los cambuches de los wayuu.

Armaron unas barreras con barandas metálicas y se fortificaron en una loma que estratégicamente dominaba todo el terreno. Ahí fueron levantadas dos carpas donde se llevó a cabo la diligencia de restitución del inmueble.

Apenas notaron la presencia de los uniformados, los indígenas cargaron a sus niños y escalaron el monte para hacerles frente e impedir su paso hasta el asentamiento. Durante las horas previas habían estado animados, bailando la tradicional danza de la chicha maya o yonna y preparando una de sus comidas típicas: chivo guisado. Pero su actitud cambió con la llegada de la fuerza pública.

Con los golpes de un tambor un grupo de uno 20 wayuu escalaron la loma y se alinearon frente a los agentes del Esmad. Uno de sus líderes indicó que el sonido del tambor era un llamado a la ‘guerra’ y que una vez dejara de sonar, comenzaría ‘el enfrentamiento’. Sin embargo la situación se mantuvo en una tensa calma durante gran parte del mediodía.

Una vez ubicados los funcionarios de la Alcaldía se dio inicio a la redacción del acta de la diligencia. Los representantes de las partes presentaron sus argumentos ante la inspectora de Policía de Salgar.

Solo los apoderados de Vilma Marimón realizaron sus descargos y dejaron sentado en el documento su negativa a que se realizara el procedimiento de desalojo aduciendo “vulneración al debido proceso (...) abuso de función pública (...) y posible prevaricato por omisión”, por lo que pidieron la nulidad de la diligencia.

De otra parte, los representantes legales de Construcciones e Inversiones Atique Finanzas del Norte y CIA. S.C.A, decidieron no presentar descargos alegando que la diligencia ya estaba muy dilatada y amparándose en la orden de desalojo proferida por el alcalde de Puerto Colombia.

Además de la inspectora y las partes interesadas, participaron Patricia Laskar, comisaria de Familia de Puerto Colombia; el personero, Manuel Castro, y el procurador delegado, Miguel Tejeda, como garantes en la legalidad del procedimiento.

Precisamente Laskar, en vista de que los indígenas estaban asentados en el lugar con menores de edad, indicó a los líderes del grupo étnico, que si bien garantizaba que no se violen los derechos de los niños, el grupo no debía usarlos como escudo para impedir la diligencia y tenían que responsabilizarse de su protección.

Una vez se firmó el acta y se dio por terminado el papeleo, una comisión de la Policía dialogó con los ocupantes del predio para que salieran pacíficamente, pero se ampararon en su condición de wayuu para no ser sacados.

“Nosotros nos regimos por nuestra propia ley y ustedes no pueden sacarnos de la tierra porque el Gobierno nos protege”, aseveró Juan José Robles, líder de los wayuu.

Sobre esto el procurador indicó que “si bien los indígenas tienen sus propias leyes y están protegidos, las mismas están suscritas al territorio estipulado por el Estado y Atlántico no es tierra wayuu”.

Agotada la vía de la concertación, el Esmad lanzó granadas de humo y la Policía de Infancia y Adolescencia sacó a los niños del lugar para evitar que resultaran heridos.

La primera en salir fue Vilma Marimón en una caravana de tres camionetas. En el lugar solo quedaron los indígenas wayuu que recogieron sus chivos, colchonetas y enseres, alegando atropello al sacarlos de su ‘tierra’.

Dentro del acta quedó establecido que “las autoridades de Puerto Colombia le garantizan la salida y transporte a la comunidad que está presente” en el predio. Sin embargo cuando llegaron dos buses para trasladarlos a su lugar de origen, los indígenas los rechazaron y les lanzaron piedras.

Manifestó el procurador delegado que luego de que los ánimos se calmaron y una delegada del ICBF dialogó con ellos, se llegó al acuerdo de que los indígenas iban a ser llevados hasta la terminal de transportes para luego de ser hidratados y alimentados, ser trasladados a su lugar de origen.