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Horas sin luz en la Costa quintuplican media nacional

Una de las tantas protesta presentadas en Barranquilla por las suspensiones del servicio de energía

Los 2,4 millones de usuarios que tiene Electricaribe en la Costa quintuplican anualmente en cantidad de tiempo sin servicio de energía a los del resto del país.

El informe general de la empresa de 2014 registró que fueron, en promedio, 83,5 horas (hrs) en las que cada uno de los suscriptores se vio afectado por fallas eléctricas, mientras que la media nacional –en esa misma vigencia– estuvo en 17,27 hrs, según un estudio contratado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Las interrupciones en el servicio han seguido y en los últimos días ocasionaron más protestas en diferentes puntos de la Región Caribe.

Por la crisis eléctrica regional la empresa ha sido blanco de cuestionamientos. A las críticas por el deficiente servicio se sumaron otras por los mensajes que la compañía comenzó a enviar desde el fin de semana, en los que señala que la Costa “no avanza” por las deudas de sus usuarios que, según sus cuentas, sumaban $1,4 billones hasta diciembre.

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En detalle

En 2014 el indicador internacional Saidi que mide los cortes eléctricos promedio por usuario, considerando la totalidad de las interrupciones al año, fue para esta compañía de servicios públicos de los más altos, teniendo en cuenta que venía disminuyendo desde 2011 (84,4 hrs), en 2012 estuvo en 76,9 horas y en 2013 fue de 74,6 hrs, de acuerdo con la misma Electricaribe.

El presidente de Aciem (Asociación de Colombiana de Ingenieros Electricistas) Atlántico, Carlos Pantoja García, recordó que en mayo del 2014 ocurrió una de las mayores crisis por este tipo de fallas, cuando 38 barrios en Barranquilla y 57 en Soledad quedaron sin servicio por cerca de 72 horas. “Esto afectó notablemente el indicador”, dijo, y agregó que el estándar para América Latina es de 7,5 horas/año.

Pantoja mencionó que los índices referidos en el estudio de la Creg, ejecutado por la firma Keraunos, podrían reducirse si la empresa aumenta su capacidad de reacción. Justamente este punto es uno de los compromisos asumidos por Electricaribe en la reunión del viernes pasado con el ministro de Minas y Energía, Tomás González.

La compañía, en otro mensaje institucional, dijo que “para avanzar” dan “el primer paso” y por ello habrá un incremento del 60% en las brigadas para atender “más rápido” los daños. Esto representa pasar de 121, que hay actualmente, a 194 equipos de atención. Además, anunciaron que pasarán de 30 a 45 brigadas encargadas de podas de árboles, con el objetivo de disminuir el número de daños en la red que son causados por la “alta” vegetación.

DEUDAS OFICIALES

En el mensaje sobre las deudas, la compañía dijo que las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal en la Costa le debían a diciembre pasado $84.360 millones sin intereses.

El abultado monto generó de inmediato señalamientos sobre una “falta de gestión” y un comportamiento “ineficiente” de su parte, pues no se entiende que las instituciones estatales hayan llegado a tal nivel de endeudamiento.

La compañía respondió que “sí hacemos gestión y sí cobramos”. De acuerdo con sus cifras, hasta abril pasado la deuda, que es como un ‘táximetro’, sumaba $91.172 millones (más $35.787 millones) para un total de $126.959.

José Dajud Durán, director Comercial de Electricaribe, dijo que la deuda de entidades departamentales suma $8.921 millones (más $2.122 millones de intereses); la de instituciones distritales y municipales llega a los $79.970 millones (más $33.358 de intereses) y la de las nacionales es de $2.280 millones (intereses de $306 millones).

En 2004 el Gobierno Nacional, por disposición de la Ley 859 de 2003, destinó $270.000 millones del Fondo Nacional de Regalías para pagar deudas similares, pero desde 2005 volvieron los incumplimientos hasta llegar al monto mencionado.

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Electricaribe manifestó que las mayores deudas están concentradas en hospitales, entidades educativas, acueductos y en el servicio de alumbrado público que tienen una “protección constitucional” porque no pueden suspenderse.

Por efecto de sentencias de la Corte Constitucional y normas legales, no pueden dejar sin energía a estos cuatro sectores porque en ellos “prevalece el bienestar social y humano de las personas”, situación que, de acuerdo con la empresa, es aprovechada por “muchos alcaldes para incumplir con el pago”.

Cosa diferente sucede con las sedes de las alcaldías, a las que los mandatarios mantienen al día en el pago de la luz, pero aún así estas deben a nivel departamental $711 millones (más $272 millones de intereses) y en el ámbito distrital y municipal $9.153 millones (más $1.966 millones de intereses). “Si esos recursos están presupuestados por qué casi el cien por ciento de las alcaldías de la Costa tienen deudas”, se preguntó Dajud.

NO HAY SANCIONES

Aseguró que estas deudas son reportadas mensualmente a los ministerios de Minas y Energía, Salud, Educación y Ambiente –este atiende el sector de agua potable–, pero “nadie presta atención”. En algunos casos los ministerios remiten los informes a los Alcaldes o a la Superintendencias de Servicios y a las Personerías.

“Al final, estos casos terminan diluidos”, sostuvo el ejecutivo al señalar que nadie aplica sanciones.

Caso similar, explicó la empresa, sucede con los informes que sobre las deudas envían a la Procuraduría y a la Contraloría General. Ninguna de estas entidades atienden los informes.

La compañía dijo que al Ministerio Público le han reportado casos puntuales de funcionarios que incumplen los pagos, pero no hay sanciones a pesar de que el Código Disciplinario Único así lo establece. (Ver Falta gravísima)

EL HERALDO pidió los nombres de 10 funcionarios que hayan sido reportados ante la Procuraduría por incumplir los pagos, pero no fueron facilitados. Se informó solo que, por ejemplo, el Acueducto de El Banco, Magdalena, es el que tiene la mayor deuda de ese sector por $2.363 millones, seguido por lo de El Paso, Tamalameque y La Gloria, en Cesar, y el de Sabanalarga, Atlántico.

Falta gravísima

De acuerdo con el Código Disciplinario Único, que identifica, tipifica y establece las sanciones sobre las conductas irregulares que cometan los servidores públicos o aquellos particulares que ejerzan esta función, no incluir en los presupuestos las apropiaciones “necesarias y suficientes” para, entre otras, pagar los servicios públicos domiciliarios se castiga como falta gravísima. Así lo establece el inciso 24 del Artículo 48 de esta normatividad o Ley 734 de 2002. Este incumplimiento también es sancionado por la Ley 142 de 1994. Dicha sanción da para destitución e inhabilidad. El exprocurador Edgardo Maya les envió a los alcaldes y gobernadores de todo el país las circulares 017 de 2005, 014 de 2007 y 048 de 2008 recordándoles sus obligaciones, pero no se conocieron sanciones. Como tampoco ha sucedido con el actual procurador Alejandro Ordóñez.