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Desfalco del Sena en Cesar se descubrió por deuda telefónica

Los capturados en el caso del Sena durante la audiencia ante un juez de control de garantías, en Valledupar.

POR: 

MIGUEL BARRIOS

En 2012, la directora del Sena en el Cesar ordenó una auditoría al recibir un cobro prejurídico de una empresa de telefonía y así se destapó el ilícito.

Durante cuatro años, entre 2008 y 2012, con un plan que parecía milimétricamente organizado, funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, regional Cesar, con ayuda de particulares lograron apropiarse de más de $553 millones de manera fraudulenta. Y tal vez todavía estuvieran desfalcando las cuentas oficiales, de no ser por un pequeño detalle que se les pasó: pagar la cuenta del teléfono corporativo.

En junio de 2012 le llegó a la entonces directora del Sena en este departamento, Carmen Quintero Romero, un cobro prejurídico de una empresa de telefonía por $5.000.000. De inmediato ordenó una auditoría para establecer por qué no se había pagado, cuando todo parecía funcionar en la tesorería, con la precisión de un reloj.

El resultado de la investigación interna fue que la plata autorizada para pagar el servicio la giraban a una persona que no tenía vínculo laboral ni contractual con el Sena.

Entonces Quintero puso en conocimiento de las autoridades la irregularidad y comenzó la labor de la Fiscalía, que en los últimos tres años logró desenmarañar la “asociación delictiva” que se había conformado dentro de la institución para cometer el desfalco por el cual hay 10 personas detenidas y judicializadas, una de las cuales reconoció su participación en el ilícito.

LA OPERACIÓN. La Fiscalía descubrió que el desfalco lo encabezó el tesorero de la época, Saulo Fabián Pérez, hoy preso por orden de un juez con funciones de control de garantías.

A través de pagos fraudulentos y transacciones electrónicas, Pérez desviaba los dineros a una cuenta personal y luego de particulares. Ese dinero lo utilizaba para hacerles préstamos a funcionarios del Sena, fingiendo que era a través de terceros. Para la Fiscalía, Pérez se valía de su cargo para cobrar los préstamos a través de la nómina: a los clientes les descontaba el dinero y lo entregaba a supuestos prestamistas externos.

El extesorero utilizaba doble numeración de órdenes de pago, una de las cuales era ficticia, respaldando el proceso con comprobantes de egreso que él elaboraba sin soportes.

DESFALCO SISTEMÁTICO. De acuerdo con las investigaciones, las órdenes de pago no se podían repetir en una misma dependencia. Por eso, el desfalco se hizo a través de las cuentas bancarias de las tres entidades de formación que el Sena tiene en el Cesar: el Centro de Operación y Mantenimiento Minero, con sede en Valledupar; el Centro Agroempresarial, de Aguachica, y el Centro Biotecnológico del Caribe, en la vía Valledupar - La Paz.

A través de un análisis, con apoyo del grupo de informática forense de la Dirección Seccional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del CTI en el Cesar, la Fiscalía halló las millonarias irregularidades a través de inspecciones judiciales, estudios financieros y contables, entrevistas y la valoración de un perito forense en sistemas.

En los estudios contables quedó en evidencia que el extesorero Pérez preparaba los pagos para que los subdirectores aprobaran los giros donde se realizaron los depósitos irregulares.

REPARTO DEL DINERO. Según el Fiscal seccional 12, William García, hubo un “saqueo sistemático” de las arcas del Sena en el Cesar.

Las investigaciones lograron establecer cómo se hicieron los depósitos del desfalco. El extesorero, por ejemplo, se autogiró $31.503.000 y luego le consignó a terceros; además consignó en diferentes momentos más de $300 millones en otras cuentas, incluso de personas que nada tenían que ver con la entidad.

“Se trató de una asociación para cometer delitos contra la administración pública. Si los funcionarios eran un filtro, es muy probable que hayan participado en la comisión del delito”, dijo el fiscal García durante la imputación de cargos.

Entre los depósitos que hizo Pérez se relacionan $9 millones a José Alberto Navarro en 2009; a Clímaco Lorenzo Coronado $9 millones; a Édgar Mercado $7 millones y Carlos Mario López $671.000. Este es el único que aceptó los cargos de peculado por apropiación y asociación para cometer delitos contra la administración pública que les imputó la Fiscalía.

La investigación continúa y se estima que en total unas 40 personas estarían vinculadas a este desfalco que podría, incluso, ser por una suma superior hasta la ahora detectada.

Los capturados

Además del extesorero Saulo Fabián Pérez, por estos hechos también fueron capturados Johan Otilio Salazar, abogado, quien se desempeñaba como asesor de proyectos de la Alcaldía de Aguachica; Virginia Esther Ojeda, abogada, subdirectora del centro de operaciones minero del Sena-Cesar; Carlos Alberto Gutiérrez de Piñeres Rocha, ingeniero de alimentos, exsubdirector del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena regional Cesar; Orlando Gregorio Seoanes, contador público y funcionario de la Universidad Popular del Cesar, se desempeñaba como jefe de contabilidad de la UPC y coordinador del Grupo de Apoyo Mixto del Sena-Cesar de Valledupar; Farid Hernando Paba Rubio, ingeniero agrónomo, instructor de Gestión Ambiental en el centro de mantenimiento mecánico del Sena regional Cesar.

Igualmente, están privados de la libertad Clímaco Lorenzo Coronado, técnico agrícola, quien se desempeñaba como instructor agropecuario del Centro Biotecnológico del Caribe; José Alberto Navarro Araújo, quien, según la Fiscalía, para la época se desempeñaba como coordinador de operaciones en el puerto de una empresa minera, es decir no tenía ningún vínculo laboral con el Sena regional; Carlos Mario López Díaz, quien tampoco trabajaba con la entidad desfalcada, y Saúl Fernández Acuña, sociólogo, quien era instructor del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena en el Cesar.